Seguridad 5
Implementar procedimientos y mecanismos que garanticen la disminución de acciones de violencia contras las mujeres. Algunos de estos son fortalecer las bases de datos de los distintos órdenes de gobierno que contienen los delitos cometidos contra las mujeres; intervenir los espacios de riesgo tanto urbanos como rurales que representen un riesgo; capacitar y fortalecer los procedimientos relacionados con las órdenes de protección; fortalecer y crear módulos de atención inmediata y agrupaciones estatales y municipales especializadas en seguridad pública; y crear y fortalecer espacios de refugios para mujeres víctimas de violencia, entre otros.
Prevención 7
Evitar conductas de violencia hacia las mujeres a través de diseñar e instrumentar políticas con perspectiva de género; difundir la información necesaria para erradicar todas las modalidades de violencia mediante la vinculación con los medios de comunicación; capacitar en materia de derechos humanos y en juzgamiento de los delitos; revisar y armonizar la legislación correspondiente a nivel estatal y municipal; diseñar y aplicar programas sobre cultura de la no violencia, así como de protocolos de prevención y actuación en el sector educativo; y fortalecer con recursos a las instituciones involucradas, entre otros.
Justicia y Reparación 7
Garantizar el derecho de acceso a la justicia y se resuelvan los casos de violencia contra las mujeres. Algunas de las acciones son supervisar y sancionar a los servidores públicos que omitan la observancia del orden jurídico en materia de violencia de género; elaborar protocolos de atención integral temprana para víctimas indirectas de violencia de género; fortalecer las instituciones y los procedimientos relacionados con la investigación de delitos cometidos contra las mujeres; diseñar políticas y capacitar a los servidores públicos en materia de trata de personas; e implementar estrategias efectivas en materia de desaparición forzada de personas, entre otros.
Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia 1
Enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres.
CONCLUSIONES
Conclusión 1
Con base en la información proporcionada al grupo de trabajo por las organizaciones solicitantes y por el gobierno estatal, así como con aquélla complementaria obtenida durante las entrevistas a las organizaciones de la sociedad civil y las visitas in situ, se detectó que existen índices considerables de violencia, particularmente contra las mujeres, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. En específico, en una zona delimitada en la ciudad de Cancún (municipio de Benito Juárez), en las que se da la mayor cantidad de eventos de violencia feminicida, como son delitos sexuales, homicidios dolosos de mujeres y feminicidios.
Conclusión 2
El grupo de trabajo reconoce las acciones adoptadas por el estado para crear un ambiente de respeto y perspectiva de género en la administración pública estatal. En este sentido, considera que el Programa de Cultura Institucional es una estrategia planificada para atender el problema.
Conclusión 3
El grupo de trabajo observa que las instancias encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras y articuladas que les permitan identificar sus propias funciones. Desde luego, esta situación repercute en el registro de casos de violencia, en la implementación de políticas de prevención efectivas en la atención a las víctimas y en la investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables.
Conclusión 4
El grupo de trabajo observó que existe la falta de conocimiento, tanto en la sociedad como en las instancias competentes, de lo que es una orden de protección y de la normativa que lo regula, el registro discrepante de éstas y, en caso de existir, la falta de monitoreo de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto.
Conclusión 5
De la información analizada, se constató que, a pesar de que existen diferentes instituciones encargadas de atender la violencia en contra de las mujeres, el estado de Quintana Roo no cuenta con un Centro de Justicia para Mujeres. Las solicitantes y diversas organizaciones de la sociedad civil refirieron que en 2013 el estado había iniciado el proyecto para abrir un Centro de Justicia para Mujeres en Benito Juárez, para el cual la Conavim otorgó recursos, pero que nunca se abrió, a pesar de estar designado un edificio.
Conclusión 6
El grupo detectó que muchas de las políticas y acciones implementadas por el estado, si bien son positivas, presentan ciertas deficiencias por falta de asignación presupuestal para su efectiva ejecución. En este sentido, el grupo de trabajo considera que el gobierno del estado debe destinar mayor presupuesto para atender la problemática de violencia contra las mujeres y la desigualdad de género que se identificó en la entidad; particularmente, en las zonas específicas que han sido referidas y en los municipios alejados de los centros turísticos. Llama la atención la situación en el Municipio de Lázaro Cárdenas, que por contar con una población indígena considerable, su economía y contexto social hace que se ubique como el Municipio con mayor marginación de la zona norte del estado109.
Conclusión 7
El estado de Quintana Roo no reportó la existencia de protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres, tampoco un protocolo de investigación del delito de feminicidio. Aunado a ello y a pesar de la existencia de tipos penales específicos como el feminicidio, existe desconocimiento de su aplicación, práctica e integración de sus elementos típicos por parte de las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación e invisibiliza estos delitos.
Conclusión 8
El grupo de trabajo constató la falta de un Protocolo para la búsqueda y/o localización de mujeres y niñas desaparecidas y/o extraviadas. En estos casos las autoridades correspondientes tienen procedimientos generales que no toman en consideración el sexo de la persona desaparecida y/o extraviada. Las organizaciones entrevistadas señalaron la importancia de contar con un protocolo específico, ya que es una medida necesaria para prevenir feminicidios y la trata de personas.
Conclusión 9
El grupo de trabajo identificó que el estado no publica la información contenida en el Baesvim, aunado a la discrepancia de datos que ahí se registran y los publicados en el Banavim. En este último se observa un sub registro y la falta de información sobre el número de órdenes de protección.
Conclusión 10
El grupo de trabajo reconoce el avance que la legislación del estado de Quintana Roo ha tenido en torno a la protección de los derechos de las mujeres; sin embargo, pudo identificar que persisten figuras jurídicas que producen discriminación y vulneran sus derechos humanos. En este sentido, se hace notar la necesidad de reformar la legislación analizada en el presente informe, con la finalidad de garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Conclusión 11
El grupo de trabajo reconoce el avance que la legislación del estado de Quintana Roo ha tenido en torno a la protección de los derechos de las mujeres; sin embargo, pudo identificar que persisten figuras jurídicas que producen discriminación y vulneran sus derechos humanos. En este sentido, se hace notar la necesidad de reformar la legislación analizada en el presente informe, con la finalidad de garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
PARTICIPANTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPIOS
